De igual modo, el Estado dejará de percibir más de 1,100 millones de dólares por la eliminación del 25% de los beneficios aprobados por Placer Dome, quien vendió sus derechos a la Barrick Gold y que ahora fue sancionado por el Congreso.
Estas comunidades han sufrido la consecuencia del descontrol en la contaminación que ha generado la explotación de la mina, así como el resultado del aumento de la marginalidad y la pobreza.
Organizaciones sociales, políticas, religiosas, educativas y empresariales han externado sus preocupaciones por los perjuicios económicos y ambientales que se han producido en la zona y que se intensificarán en los próximos meses.
La pobreza y la contaminación de estas poblaciones son evidentes, como ejemplo se puede citar los ríos Maguaca, Mejita, Margajita y el Yuna, pero además las autoridades no han comprendido lo que significará para Cotuí esta explotación minera sin tomar los correctivos de lugar.
No estamos en contra de la explotación del oro de los sulfuros, lo que si queremos es que se garantice el control de la contaminación en la zona.
Se evidencia que el Estado lo que busca es obtener algunos recursos, sin tomar en cuenta la contaminación que de por si se producirá.
La Barrick Gold debe garantizar el control de la contaminación que provocará la extracción de los yacimientos del oro de los sulfuros, porque ahora se ha expresado a los habitantes de la zona que esa es una responsabilidad del Estado dominicano.
Estos pueblos y sus habitantes no necesitan regalo, sino que la empresa corresponda y cumpla con la ley, que las autoridades asuman su responsabilidad como tal y que la población exija su derecho.
La contaminación le quedará a estas comunidades y hay que buscar la manera de resolver la problemática a fin de evitar consecuencias fatales como se vislumbran en un futuro próximo.
Ahora las cosas deben tener responsables y evitar lo que ocurrió en el pasado, de igual modo, las poblaciones están en su derecho de recibir los beneficios que dejará la extracción del oro de los sulfuros y que esto signifique impulsar el desarrollo para todos los habitantes que serán afectados.
El gobierno debe ser un defensor de estas comunidades y del patrimonio natural, no puede permitir la desaparición por los efectos que provocará la empresa minera.
Estas comunidades necesitan fuente de trabajo, control de la contaminación y que los recursos que reciba del 5% sean invertido en obras reproductivas, sobre todo en el fomento de la agroindustria y la industrialización de minerales que tiene esta provincia.
http://cotuiahora.blogspot.com/2009/12/el-veneno.html
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