Extracción minera frente al impacto ecológico
(D@D).-Expertos aseguran que es de vital importancia un ordenamiento territorial minero, en procura de garantizar la armonía entre la minería y el medio ambiente, para así borrar las adversidades que siempre afloran entre ambientalistas y mineros.
Por Felipe Mora
En meses recientes, distintos sectores nacionales se han referido a la explotación minera en República Dominicana como una posibilidad para que el país pueda sacudirse de sus elevados niveles de pobreza y su condición de dependencia con el exterior. La búsqueda de petróleo lo ponen de ejemplo.
Una condición plausible es que la operatividad que provoca una extracción puede generar cientos de empleos.
Pero el territorio nacional, salvo los yacimientos auríferos en la provincia Sánchez Ramírez y que son explotados por la firma Barrick Gold, y el ferroníquel de Bonao, por la Falconbridge, no dispone –hasta lo que se ha explicado a nivel de expertos- con importantes yacimientos de minerales para que sean explotados con fines comerciales.
La Barrick Gold comenzará la extracción de oro dentro de poco, y lo que hace la Falconbridge en la zona de Bonao. Hasta ahora esa es la gran explotación minera en el país. La mediana y pequeña minería está representada por los productores de cemento, extractores y procesadores de piedra caliza, yeso, agregados, sal gema, caolín y otras arcillas industrializables, mármol, travertino y bloques de caliza, así como lavadores de aluviones auríferos.
En el país hay decenas de lugares donde se practica una extracción rudimentaria, con escasos resultados, sean en zonas acuíferas o en áreas de minas.
"Más la sal que el chivo"
El boom económico que provoca una explotación minera, siempre y cuando se registren buenos precios para el o los metales que se extraigan, concita el interés de autoridades, del comercio en sentido general y de las comunidades a ser beneficiadas.
Pero, "puede resultar más la sal que el chivo", como dice un viejo refrán, puesto que los daños al medio ambiente que deja una extracción de mina pueden provocar la esterilidad de los suelos de por siempre, si no se manejan de forma adecuada.
En una explotación minera se atenta contra la ecología, lo que es lo mismo decir que hay que sacrificar corrientes de agua, como ríos y arroyos, en muchas ocasiones desde sus nacimientos, ubicados siempre en áreas elevadas de montañas.
La ausencia de una política ambiental que previniera el daño ecológico y facilitara utilizar una parte importante de los beneficios mineros en planes de protección ambiental ha traído consecuencias negativas, "visibles hoy en ríos, arroyos, suelos, aguas subterráneas, aire, vegetación, plantaciones agrícolas y, lamentablemente, hasta en muchos de los seres humanos que habitan en las cercanías de grandes operaciones mineras".
Así lo consignaron hace 10 años los expertos Osiris de León y Antonio Thomén en su exposición "La Minería y el Medio Ambiente en República Dominicana", presentada en la VI Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas.
Para entonces, en el año 2001, había 34 concesiones de exploración y/o explotación en áreas protegidas definidas o ampliadas mediante el decreto 233 del año 1996. Ese ha sido un punto de conflicto entre ambientalistas y mineros.
La Ley 146, de explotación minera, data del 4 de junio de 1971, en ocasión de iniciar sus operaciones en Bonao la empresa Falconbridge. La ley que regula el medio ambiente es la 64-00, que data del 18 de agosto de 2000.
De León sostenía que con la promulgación de la Ley 64-2000, sobre medio ambiente y recursos naturales, de fecha 18 de agosto de 2000, se abren las puertas para el plan de ordenamiento territorial, con lo que se persigue llevar un subcomponente dedicado al ordenamiento territorial minero, lo que tendría que estar acompañado del cumplimiento del artículo 192 de la misma Ley ambiental, que ordena la actualización y modernización de la Ley minera 146 y de la Ley 123, sobre extracción de agregados de la corteza terrestre, debiendo ambas leyes, que datan del año 1971, ser fundidas en una sola ley minera, acorde con las regulaciones ambientales vigentes.
Empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre, hierro, petróleo solo dejan el socavón, lo que es igual a la tierra estéril después de amplias jornadas de extracción del o los minerales.
Para la explotación de recursos mineros se requiere la utilización de toneladas de explosivos, lo mismo que el empleo de grandes cantidades de cianuro. Y el empleo de millones de litros de agua. Todo eso contribuye a la degradación progresiva del medio ambiente, con la consiguiente aparición de enfermedades que podrían ser infecto-contagiosas.
Desde tiempos remotos ha constituido un tema divergente la extracción minera frente al daño que provoca al medio ambiente y, por ende, a la ecología.
Es un asunto de amplia discusión a nivel global, en los que no siempre se ponen de acuerdo las partes involucradas, entiéndase empresas mineras y comunidades ubicadas en las áreas de influencia de las minas.
Un yacimiento de petróleo, una mina de oro, hierro, plata o cualquier otro mineral provoca la remoción de grandes cantidades de terreno, en muchos casos cubierto de espesa vegetación.
Las minas a campo abierto son causantes de serios conflictos sociales en que las comunidades que se ubiquen en el área de influencia sufren las consecuencias directas por el manejo de las aguas, la remoción de los suelos, las molestias que provoca el tráfico de vehículos pesados y especiales para esos tipos de eventos.
El ejemplo más palpable lo tenemos con la empresa extranjera Barrick Gold con los trabajos de explotación minera que lleva a cabo en la provincia Sánchez Ramírez.
El proyecto, que desarrolla la empresa minera Barrick Gold en sociedad con Goldcorp a un costo de US$3,500 millones, está previsto que entre en producción a comienzos del año 2012.
Una buena cantidad de ríos, arroyos y cuencas hidrográficas han sido afectadas de tal manera que las aguas de estos se han convertido en inutilizables.
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