30 de septiembre 2010
Las autoridades de la ciudad dominicana de Cotuí y organizaciones civiles protestaron el jueves contra la negativa de la minera Barrick Gold a presentar los estudios de impacto ambiental para explotar oro en la zona.
"Tienen que ser paradas las operaciones" de la minera Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), insistió Rafael Molina Lluberes, alcalde de Cotuí, 105 kilómetros al norte de la capital.
Molina Lluberes encabezó una multitudinaria manifestación en la que regidores de la localidad, sacerdotes católicos, dirigentes comunitarios y medioambientalistas demandaron la revisión del contrato de la compañía para explotar la mina de Pueblo Viejo.
"La alcaldía de Cotuí reclama, exige y demanda que se cumpla la ley en lo que respecta a la evaluación del impacto ambiental", insistió Molina Lluberes.
PVDC, conformado por las canadienses Barrick Gold y Goldcorp, compró en 2005 la compañía Placer Dome, que tenía el permiso de explotación de la mina de Pueblo Viejo desde 2001, pero nunca comenzó sus operaciones.
La minera, que tiene previsto comenzar la explotación de oro a finales de 2011, logró el año pasado, con base e la misma licencia, que el Congreso modificara el contrato a fin de ampliar la extensión de la mina y sus beneficios.
Según el nuevo contrato, PVDC comenzará a pagar utilidades al Estado una vez que haya recuperado su inversión de 3.000 millones de dólares y obtenga ganancias superiores al 10%.
Molina Lluberes explicó que, aunque Placer Dome contaba con el permiso de explotación de la mina, la licencia no puede ser la misma ya que PVDC amplío el proyecto a otras zonas.
Mientras que Placer Dome pretendía mover 12.000 toneladas métricas de tierra al día, PVDC pretende extraer 24.000 toneladas métricas y utilizar el método de oxidación mediante autoclaves, que no estaba previsto en la licencia original, según el funcionario.
Los manifestantes colocaron obstáculos en la avenida que conduce a la entrada de las instalaciones mineras para impedir el ingreso de los camiones que transportan equipos pesados a la empresa.
PVDC espera la llegada de maquinarias fabricadas en Malasia que usará para la eliminación de contaminantes, según había anunciado a mediados de este año el director de la compañía, Fernando Sánchez.
La alcaldía y la sala de regidores de Cotuí también reclaman la revisión del contrato para que PVDC pague el 5% de sus ingresos como impuestos por uso de territorialidad al municipio, como ocurre con otras mineras.
"Hay una heterogeneidad de demandas" en contra de PVDC, indicó a la AP el biólogo Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y quien ha participado en diversas manifestaciones en contra de la minera.
Carvajal, que demanda la rescisión del contrato, indica que PVDC "carece de licencia ambiental" y ha falseado datos, como la supuesta inversión de más de 3.000 millones de dólares, que sería la más alta en la historia del país.
El biólogo asegura que la explotación de la mina requerirá de una inversión de unos 900 millones de dólares.
De forma paralela a la protesta en Cotuí, cientos de manifestantes bloquearon las avenidas en la localidad cercana de Maimón en rechazo al despido de 48 empleados de la minera.
"Exigimos que les devuelvan el trabajo" indico Manuel Valerio, dirigente comunitario de Maimón, al considerar que los despidos están vinculados a la demanda de los empleados de la compañía a conformar sindicatos.
La compañía Barrick aclaró en un comunicado que los empleados no fueron despedidos, sino que se trató de "un cambio de nómina" en el que fueron transferidos de una empresa subcontratista de la minera a otra.
Barrick indicó además que un grupo de 30 empleados inconformes paralizaron el jueves las actividades de la minera durante varias horas.
Con utensilios de trabajo como machetes, azadas y palas, personas de distintos puntos del país reclamaron además, a los congresistas la aprobación del “Proyecto de Ley de Vivienda, Hábitat y Asentamiento Humano”.
“Queremos que se deje sin efecto el contrato con la Barrick Gold porque violenta la soberanía nacional y entrega un patrimonio de los dominicanos a una transnacional”, dijo María Teresa Cabrera, del Foro Alternativo.
El Colegio Médico también se adhirió a la demanda de las organizaciones populares, solicitando que se cumpla con la asignación 4 por ciento del PIB para el sector salud, y no un 1.2 por ciento como está consignado ahora en el Presupuesto General.
