El diario a diario sufrir de las familias que no tienen tierra ni para construir sus viviendas ni para producir y se ven forzadas a recuperar para si terrenos del Estado, propiedades comunales o áreas baldías privadas incluye los constantes desalojos policiales, cada vez más brutales, con un fuerte sello de clase.
No me refiero a las acciones destinadas a contrarrestar bandas de “profesionales” que se dedican a ocupar terrenos para venderlos y hacer negocios, sino a las represiones contra quienes realmente necesitan esos terrenos, los cuales forman parte de centenares de miles de personas empobrecidas y con necesidad de levantar una vivienda o cultivar una parcela.
No me refiero a las acciones destinadas a contrarrestar bandas de “profesionales” que se dedican a ocupar terrenos para venderlos y hacer negocios, sino a las represiones contra quienes realmente necesitan esos terrenos, los cuales forman parte de centenares de miles de personas empobrecidas y con necesidad de levantar una vivienda o cultivar una parcela.
Los desalojos inhumanos han crecido en la medida la gestión del Estado se privatiza y se corrompe en extremo al calor de los anti-valores neoliberales y en la medida viejos y nuevos grupos económicos se reparten al vapor las mejores tierras y recursos del país asociados a políticos y generales inescrupulosos.
Que hay detrás del desalojo de Brisas del Este
El brutal desalojo practicado recientemente en el sector en Altos de Brisas del Este del Gran Santo Domingo y la criminal agresión contra el dirigente choferil y diputado de la República, Juan Hubieres y sus compañeros de FENATRANO, se inscribe al parecer dentro de esa política de reparto.
Tal propósito conlleva expulsar por la fuerza de terrenos de ese tipo al pueblo humilde y a sectores de medios de la sociedad, como también legalizar la apropiación amañada y potenciar el valor de los predios en disputa con obras de infraestructuras públicas realizadas con el dinero de los contribuyentes.
Este Estado y sus gobiernos de turno no respetan áreas protegidas cuando se trata de favorecer a los intereses de los poderosos y los negocios de sus altos funcionarios. Y cuando recurre a declarar de utilidad publica ciertas áreas, lo hace para luego traspasárselas al gran capital privado, mejoradas revalorizadas por las obras de infraestructuras.
En el caso de Brisas del Este los decretos de Balaguer, Hipólito y Leonel no fueron ejecutados y sus dueños originarios decidieron negociarlos con terceras personas, entre las que además de los 72 familiares desalojadas y el proyecto de la terminal de autobuses de FENATRANO, se encuentran sectores de mayor nivel económico (incluyendo grandes empresarios) que no han sido tocados.
La discriminación ha sido, además de evidente, sumamente cruel. Porque de lo que se trata no es de una cuestión simplemente legal, sino de una relación de poder con fuertes cargas de abuso y corrupción.
Corre con fuerza el rumor -y hay muchos indicadores de que puede ser cierto- de que tras las estigmatizaciones de “invasores” y el alegado de la defensa de un área de utilidad publica, están los intereses de un multimillonario proyecto urbanístico-turístico en esa hermosa zona de la Capital, en cual participan como beneficiarios del mismo el Alcalde Juan de los Santos, el ex –ministro de turismo Félix Jiménez (Felucho) y encumbrados oligarcas.
Algo como lo que se está haciendo a favor de Grupo Vicini y asociados en la zona de San Souci, el Malecón, el Puerto de Santo Domingo, la Marina de Guerra y los humerales del Ozama; una de la concesiones más onerosas en nuestra historia republicana.
Pero esta gran estafa territorial abarca casi todo el territorio nacional y tiene otros beneficiarios..
A estos tutumpotes no los desalojan
Magnates de la construcción, del turismo, corporaciones mineras, grupos oligárquicos, funcionarios públicos -apoyados por los gobiernos del PRD y el PLD- se han apropiado en los últimos años de una gran parte del patrimonio natural del país, sin detenerse en áreas protegidas.
- A Diana Vilches se le han dado “concesiones de títulos” sobre tres parques nacionales, incluida toda la Sierra Martín García, las cuales tienen carácter ilegitimo e ilegal.
- A Pablo Piñeira de igual manera se ha convertido en dueño de una parte de las costas de Samaná, Río San Juan y Bávaro.
- Pepe Hidalgo, dueño de Globalia, avanza sobre el Parque del Este e hizo aprobar la ley 202-4 para reivindicar para sí la franja costera del mismo y 275,000 metros cuadrados en esa zona.
- Carlos Sánchez, preso en España por el escándalo Marbella, con fuertes relaciones con Miquel Vargas Maldonado y Leonel Fernández, adquirió-vía Banco Central, enormes extensiones en la costa Norte.
- El Central Romana ocupa terrenos del Parque de Este y pugna por modificar la ley, con el apoyo del actual Ministro de Turismo, para apropiarse definitivamente de ellos.
- Los Hazoury ocupan Cap-Cana, una parte de la Galera y Bahía Rincón, agrediendo inclusos áreas protegidas como en el caso del farallón de Cap-Cana.
- A las mineras Barrick Gold, Gold Corp, Uni-Gold, la Hispaniola… se le han concedido recursos mineros valiosos y agua a precio de vaca muerta y en condiciones altamente lesiva al medio ambiente.
Y mientras esto acontece, estos y otros mega-ricos se reparten el país y “legalizan” su robo mayor, acaban de aprobar en primera lectura en el Senado, y se aprestan a hacerlo en la de diputados, la modificación de los códigos Penal y Procesal Penal con la que se proponen incrementar hasta a diez años de prisión, 100 salarios mínimos y las pérdidas de sus mejoras, las penas a las familias que por razones diversas vivan o trabajen en terrenos privados o del Estado.
Esa criminalización de las ocupaciones tierras no apunta contra los poderosos que se roban el país al tiempo de “legalizar” su “piñata” en complicidad con las autoridades; y si bien podrían ser aplicadas contra los rateros que ocupan propiedades estatales y privadas para negociarlas, está fundamentalmente dirigida contra la urgente necesidad de las familias pobres del país, víctimas históricas y actuales del despojo mayor, de tierras para producir y vivir y solares para construir sus humildes moradas.
.¡Que nadie se lleve a engaño.
Por: NARCISO ISA CONDE | 11:11 PM
Para el presidente de la minera Barrick Pueblo Viejo, Manuel Bonilla, “seria un disparate” modificar el contrato suscrito por esa empresa con el Estado dominicano, afirmando que se trata de un acuerdo “maravilloso”, que no da cabida a una modificación.
